Desahucio de matrimonio de jubilados con un hijo con discapacidad

Desahucio en Parla de un matrimonio de jubilados con un hijo con discapacidad

Un juez de Parla ha rechazado un dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU

Redacción/Parla Digital

En Parla, un matrimonio de jubilados con un hijo con un 80 por ciento de discapacidad ha sido desalojado de la casa en la que vivían en alquiler desde hace cincuenta años, situada en la calle Juan XXIII del municipio.

Manuel San Pastor abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha declarado a diferentes medios, que el matrimonio estaba al corriente de pago del alquiler, de renta antigua, pero el arrendador habría decidido subirles el alquiler a 700 euros si querían permanecer en la vivienda, un importe cercano al total de la pensión que recibe el matrimonio.

Un juez de Parla ha rechazado un dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en la que se insta a las autoridades judiciales a paralizar el desahucio, ha denunciado el abogado de la PAH.

Fuentes del Ayuntamiento de Parla han declarado a la agencia Efe y otros medios, que el 9 enero de 2017 la vecina desalojada fue atendida en la Oficina Municipal de la Vivienda, donde se le ofreció una vivienda del Plan Municipal que rechazó el 30 de enero porque le pareció pequeña.

El 9 de febrero de 2017 se le propuso que se inscribiera en la lista de espera de Bankia para optar a un alquiler social, un trámite que debe realizarse personalmente, pero no se presentó para continuar con la gestión, según las mismas fuentes.

Asimismo, el 2 de octubre de este año el matrimonio solicitó un informe a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Parla para pedir una vivienda a la Comunidad de Madrid.

El letrado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha instado al Ayuntamiento de Parla y a la Comunidad de Madrid a ofrecer una alternativa habitacional a esta familia, que se encuentra en una situación de especial necesidad. «Las Administraciones públicas no pueden permanecer indiferentes ante casos tan dramáticos, incumpliendo la Constitución en lo relativo al derecho a la vivienda y las resoluciones internacionales», ha señalado San Pastor.

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